Acercar los medicamentos al paciente: una buena intención que necesita un mejor diseño

Este 14 de octubre, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 100 de 2026, que busca garantizar la entrega de medicamentos a domicilio y crear un Banco Nacional de Medicamentos. El proyecto impulsado por el presidente del Congreso y senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, le apunta a una de las mayores preocupaciones de los colombianos hoy día: el acceso efectivo a medicamentos recetados y entregados por las EPS. Según nuestro análisis de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, en 2025 solo el 53 % de las personas que consultaron a un profesional por un problema de salud en los últimos 30 días y recibieron una fórmula reportó que todos sus medicamentos fueron entregados por cuenta de la institución a la que estaba afiliada, frente al 68 % en 2023. Es la estimación más baja de la serie comparable 2018–2025, con porcentajes similares en zonas urbanas y rurales y en los regímenes contributivo y subsidiado.¹ Entre enero de 2024 y julio de 2025, además, la Supersalud recibió unos 685 000 reclamos por medicamentos, en su mayoría incluidos en el plan de beneficios.²

El texto aprobado en la Comisión VII del Senado propone que la entrega a domicilio sea programada desde la primera dispensación, a elección del paciente y sin costo adicional por el servicio, exclusivamente para dos grupos: pacientes con enfermedades crónicas de alto costo, huérfanas o autoinmunes que requieran tratamiento continuo o periódico, y pacientes con otras enfermedades que requieran control clínico permanente y tratamiento continuo o periódico, en ambos casos según el criterio del profesional tratante. Si la entrega en el dispensario es incompleta, los pendientes deben llegar a la residencia o al lugar de trabajo del afiliado dentro de las 48 horas siguientes a la reclamación, sin que el registro del pendiente reinicie el plazo.³ La responsabilidad recaería en las EPS a pesar de las preocupaciones financieras. El proyecto crea también un Banco Nacional de Medicamentos, concebido como un sistema para gestionar, almacenar y redistribuir medicamentos en el país.⁴

Reconozco el propósito de los autores, pero el texto necesita cambios antes de convertirse en ley. La experiencia de otros sistemas y la evidencia disponible sugieren una secuencia distinta para Colombia: ampliar primero la posibilidad de reclamar en una droguería cercana que el paciente elija, con entregas más espaciadas para quienes están estables, y enfocar la entrega a domicilio para casos específicos según las necesidades clínicas y las condiciones del territorio.

Lo que muestran otros sistemas

En Inglaterra, las farmacias dispensaron 1160 millones de productos con receta con cargo al sistema nacional de salud (NHS) en 2024–25, el 97 % de ellos mediante fórmula electrónica.⁵ Los pacientes eligen la farmacia a la que quieren que llegue su fórmula, entre unas 10 400 en todo el país, y pueden cambiarla cuando quieran.⁵⁶ Quienes no están exentos pagan una tarifa fija de 9.90 libras por cada producto (unos 42 000 pesos colombianos), aunque cerca de nueve de cada diez fórmulas se entregan gratis por exenciones.⁷ Este servicio incluye la recogida en farmacia, los domicilios que algunas farmacias ofrecen como servicio y costo adicional y las farmacias a distancia del NHS, que están obligadas a entregar sin cobrar el envío.⁸

Brasil expandió hace poco un modelo parecido a través de un programa de su sistema de salud. Desde febrero de 2025, los 41 productos del programa Farmácia Popular, entre medicamentos e insumos, se entregan gratis a quienes cumplen los requisitos en droguerías privadas acreditadas, que a comienzos de ese año eran más de 31 000 en 4812 municipios. En 2024 el programa atendió a 24.7 millones de personas.⁹ Una evaluación con datos de 2003 a 2016 asoció su ampliación con una caída de 27.6 % al año en las hospitalizaciones y de 8 % en las muertes por hipertensión y diabetes,¹⁰ y otro estudio encontró que cada droguería acreditada adicional por cada 100 000 habitantes se asociaba con 3.6 % menos hospitalizaciones por diabetes, con un efecto mayor en la población de menores ingresos.¹¹ El modelo, por supuesto, cuesta y tiene retos: en Río de Janeiro, el municipio pagaba menos que el precio de referencia del programa en 20 de 25 medicamentos,¹² y las evaluaciones del programa registran problemas persistentes de fraude que obligaron a crear un sistema nacional de información de la dispensación.¹³

La entrega a domicilio tiene beneficios, pero solo si los programas están bien diseñados. En Estados Unidos, 14 de 15 estudios asociaron la farmacia por correo con mejor adherencia, aunque quienes la eligen suelen tener más ingresos, mejor adherencia previa y suministros más largos.¹⁴ En el sistema de veteranos de ese país, una descripción institucional con cifras de 2016 sitúa en cerca del 80 % la proporción de fórmulas ambulatorias despachadas por correo, en un sistema público integrado que compra, prescribe y despacha.¹⁵ En la zona rural de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, un ensayo aleatorizado de entrega a domicilio con seguimiento clínico elevó la supresión viral en pacientes con VIH de 74 % a 88 %,¹⁶ con un costo de 794 dólares por paciente en el primer año del piloto, frente a 167 en la clínica; los escenarios de ampliación del mismo estudio proyectaron costos mucho más cercanos, de 183 a 267 dólares, sobre todo con entregas más espaciadas.¹⁷ El costo del domicilio depende, entonces, de la escala, la frecuencia y el seguimiento clínico que incluya. En un hospital español, la entrega a domicilio costó 18 435 euros frente a 7987 euros de la recogida en farmacia comunitaria.¹⁸

Hay alternativas intermedias. El programa sudafricano para pacientes crónicos tiene más de 3.7 millones de inscritos, y cerca de seis de cada diez recogen sus medicamentos en puntos externos, muchos de ellos farmacias privadas.¹⁹ Una revisión de 37 modelos de atención diferenciada para personas con VIH encontró, en los estudios con comparación, una permanencia en atención generalmente cercana a la convencional.²⁰ En la logística del comercio electrónico, los puntos de recogida cuestan menos que la entrega a domicilio, sobre todo porque eliminan las entregas fallidas, y la diferencia es mayor en zonas rurales; su aplicación a medicamentos tendría que probarse.²¹ Las revisiones sistemáticas sobre la duración de las fórmulas también asocian los suministros más largos con mejor adherencia y menor costo.²² De hecho, en un estudio observacional en el que ambos canales entregaban tratamiento para 90 días, la proporción media de días con medicamento disponible fue similar: 77 % en la farmacia y 76 % por correo.²³

Buena parte del beneficio atribuido al domicilio proviene de reducir barreras y entregar suministros más largos, algo que también puede lograrse en una droguería cercana. El domicilio funciona, pero suele costar más, y su relación costo-beneficio mejora cuando se dirige a quienes enfrentan barreras clínicas o geográficas.

Costos y riesgos en Colombia

El proyecto radicado confía en que un sistema de entrega de medicamentos a domicilio se podría financiar con los recursos existentes del sistema, pero desafortunadamente le faltó un ejercicio de estimación del costo.⁴ El mercado que regula es grande: según el SISMED, el canal institucional reportó ventas por unos 17.1 billones de pesos y 360 millones de unidades comerciales en 2025.²⁴

Un cálculo de servilleta, de gasto bruto en entregas y no del costo adicional del proyecto, ayuda a dimensionar el reto. La Cuenta de Alto Costo registra 7.07 millones de personas con diagnóstico confirmado de hipertensión, diabetes o enfermedad renal crónica.²⁵ Con una entrega mensual y, como referencia, la tarifa de 8000 pesos que hoy un gestor cobra en Bogotá a los afiliados no priorizados que piden domicilio,²⁶ el gasto estaría entre 340 000 y 680 000 millones de pesos al año, si lo pidiera la mitad o la totalidad de esas personas. Con entregas trimestrales, la cifra bajaría a entre 113 000 y 226 000 millones. Un cálculo neto tendría que considerar cuántos pacientes cumplen los criterios clínicos, descontar las entregas que ya se hacen y los envíos consolidados, y sumar los costos rurales, la cadena de frío y la implementación.

El financiamiento es el punto más delicado. A marzo de 2025, los gestores farmacéuticos reportaban deudas por unos 6.44 billones de pesos con la industria, según la Supersalud,²⁷ y la Contraloría estimó en 2.8 billones lo que las EPS les debían a los gestores a diciembre de 2024. La Defensoría documentó que algunos laboratorios ya despachan por cupos o contra pago anticipado.² Sin una remuneración que cubra los costos adicionales y pagos oportunos, el servicio podría deteriorarse, y un piloto debería medir ese riesgo. Colombia, además, ya obliga desde 2012 a llevar a domicilio en 48 horas lo que no se entrega completo,²⁸ y los reclamos muestran que esa obligación no siempre se cumple.

Cualquier canal nuevo exige custodia, trazabilidad y verificación de quien recibe. En una prueba en Estados Unidos, los paquetes de medicamentos enviados por correo pasaron el 68 % del tiempo de tránsito fuera del rango de temperatura recomendado.²⁹ Y el país tiene un mercado ilegal activo: en octubre, en Cúcuta, las autoridades incautaron medicamentos de alto costo, muchos con etiqueta de uso institucional, e insulinas vencidas guardadas en neveras de bebidas,³⁰ y en abril la Policía Fiscal y Aduanera incautó en Barranquilla 211 000 unidades de medicamentos, incluidos productos de alto costo y de uso institucional, avaluadas en cerca de 3926 millones de pesos; en el mismo comunicado informó de la desarticulación, en Bogotá y Barranquilla, de una organización que obtenía ilegalmente medicamentos institucionales y los falsificaba para comercializarlos.³¹

El Banco Nacional de Medicamentos

El proyecto deja al Gobierno definir el funcionamiento y la financiación del Banco. El ponente reconoció que su viabilidad debe discutirse con el Ministerio de Salud,³ y esa prudencia está justificada. Cada inventario tiene dueño y está atado a una compra, una factura y un contrato, y quien lo traslade debe responder por pérdidas y trazabilidad. En Estados Unidos, las ventas entre farmacias están sujetas a requisitos de trazabilidad, y la excepción para atender la fórmula de un paciente identificado no se extiende a la reposición de inventarios.³² Incluso en una emergencia, compartir inventarios entre dueños distintos exige reglas: en los Países Bajos, durante la pandemia, la autoridad de competencia aceptó que hospitales y mayoristas coordinaran la distribución de 14 medicamentos de cuidados intensivos como una cooperación temporal, necesaria y transparente, con salvaguardas para que los mayoristas no intercambiaran entre sí datos de precios ni de inventarios.³³ México ofrece una experiencia con resultados muy negativos, aunque con un diseño distinto, centralizado: la Megafarmacia del Bienestar, una idea promovida por Andrés Manuel López Obrador, que prometía tener "todas las medicinas del mundo"³⁴ para responder al desabastecimiento, solo entregó 648 de los 7593 medicamentos solicitados entre diciembre de 2023 y abril de 2024.³⁵ La compra centralizada puede bajar precios,³⁶ pero esa es una tarea muy diferente a construir y gestionar un banco que almacene y redistribuya medicamentos a lo largo y ancho del país.

Debemos empezar por lo básico. La Resolución 1763 del 5 de agosto de 2026 creó el SISCAATS, un sistema para centralizar alertas de abastecimiento con implementación gradual. Los titulares de registro, importadores, mayoristas y operadores logísticos deben reportar disponibilidad, mientras que las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos solo reportan incidencias.³⁷ Esas obligaciones no equivalen por sí solas a un inventario actualizado y consultable de cada punto de dispensación, que es justamente lo que necesitaría un Banco que conecte a los dispensadores. El senador Andrés Forero, presidente de la Comisión VII, propuso que la información del SISCAATS esté disponible para los pacientes, y ese debería ser el punto de partida.³ Antes de crear el Banco conviene verificar qué información está disponible y qué falta, precisar su relación con el SISCAATS, la propiedad de los inventarios, los pagos y la responsabilidad por pérdidas, y comparar su costo con el de fortalecer el SISCAATS durante su implementación.

Cinco ajustes para la plenaria

El primer ajuste debe ser permitir que el paciente crónico reclame en una droguería cercana que él elija, dentro de una red abierta a droguerías que cumplan condiciones comunes. La ley tendría que fijar quién paga, cuánto, en qué plazo y cómo se evita la doble dispensación, y empezar por una lista acotada de medicamentos de alto volumen. MIPRES, obligatorio para los medicamentos ambulatorios financiados con la UPC, puede servir de base para la trazabilidad, dentro de su alcance y sus excepciones.³⁸ Donde la red de droguerías sea escasa, como en muchas zonas rurales, harán falta otros modelos.

El segundo, asignar el domicilio mediante una evaluación individual: personas con movilidad reducida, personas y comunidades con barreras geográficas o de acceso, y tratamientos que requieren manejo especial cuando la entrega en casa sea clínicamente apropiada y se garantice su conservación.

El tercero, espaciar las entregas para pacientes estables, según el medicamento, la estabilidad clínica, el seguimiento requerido y las condiciones de almacenamiento. Antes de volverlo obligatorio hay que analizar su efecto en el flujo de caja de operadores y laboratorios, un aspecto que en la práctica define si es realizable o no.

El cuarto, conocer el costo antes de crear la obligación, con una estimación neta del Ministerio de Salud y del de Hacienda y pilotos escalonados en ciudades y zonas rurales, que permitan medir resultados antes de extender la medida.

El quinto, empezar por la información y aplazar el Banco. La resolución ya ordena publicar de forma periódica los resultados del SISCAATS;³⁷ la ley podría fijar una periodicidad mensual y pedir al Ministerio un equipo que los analice con EPS, operadores y laboratorios. Con esa evidencia se podrá decidir si hace falta un mecanismo adicional y cuál debería ser su alcance.

La reforma debe garantizar que cada paciente reciba a tiempo su tratamiento, primero en una droguería cercana o en su casa si hace falta, pero según sus necesidades y la realidad del sistema. Con un diseño más detallado, más eficiente en costos y aplicable por fases, su propósito puede convertirse en un cambio real que los pacientes noten en el corto plazo y no otra promesa irrealizable.