En breve

Las Bases del Plan describen una situación grave del sistema de salud: cada vez menos personas reciben sus medicamentos, aumentan las tutelas, las EPS están insolventes y las muertes maternas e infantiles se concentran en las zonas rurales y en los pueblos étnicos. Pero el capítulo de salud no fija ninguna meta numérica para 2030 ni le pone costo a sus iniciativas, trata el financiamiento como un asunto de reglas sin decir de dónde saldrán los recursos, no tiene una estrategia frente a los productos que dañan la salud y adopta una postura conservadora que deja por fuera los derechos sexuales y reproductivos.

Lo que propone el Plan

  • Un diagnóstico de la crisis. Con datos de 2025 y 2026, describe la caída en la entrega de medicamentos, el aumento de las tutelas, la insolvencia de las EPS y las brechas rurales y étnicas en la mortalidad materna e infantil.
  • Articulación con políticas ya adoptadas. Se apoya en la atención primaria, el Plan Decenal de Salud Pública, la política de talento humano en salud 2025–2035, los modelos de salud intercultural y la política nacional de cuidado.
  • Propuestas nuevas. Un sistema que articula los servicios de salud y de cuidado para las personas mayores y con discapacidad, una autoridad de salud digital con historia clínica interoperable, más negociación y compra centralizada de medicamentos y una ruta de conciliación para las controversias en salud que deja intacta la tutela. Su utilidad dependerá de detalles que las Bases todavía no dan.

Dónde se queda corto

  • Sin metas ni costos. El crecimiento, la pobreza, la deuda y el petróleo tienen metas numéricas. La mortalidad materna, las muertes por desnutrición y la entrega de medicamentos tienen cifras de diagnóstico, pero ninguna meta para 2030 ni un costo.
  • Financiamiento sin ingresos. Promete reconocer las deudas de la Nación y revisar la UPC y las reglas de solvencia, pero no dice cuánto necesita el sistema ni de dónde saldrá, ni cuenta los recursos que el mismo Gobierno proyecta en su proyecto de Ley de Rescate Económico.
  • Sin regulación de los productos que dañan la salud. No hay ninguna medida sobre el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas o los ultraprocesados, aunque el proyecto fiscal del Gobierno sube sus impuestos. Tampoco hay metas de vacunación ni una estrategia de salud mental.
  • Una postura conservadora en salud sexual y reproductiva. El Plan quiere frenar el descenso de la natalidad, afirma que el Estado "elimina la ideología de género", ordena revisar los materiales escolares que promuevan la "cultura de la muerte" y no menciona la anticoncepción ni la interrupción voluntaria del embarazo.
  • Una reconstrucción con los recursos del propio sector. La red pública de salud dañada por el sismo de agosto se repararía sobre todo con saldos y reasignaciones del sector, sin una cifra de recursos adicionales.

Introducción

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la hoja de ruta de un gobierno para sus cuatro años: dice qué quiere lograr, cómo y con qué recursos, y se convierte en ley. Sus Bases sustentan el articulado, así que lo que no queda escrito en ellas difícilmente tendrá un artículo que lo desarrolle. Este análisis se basa en las Bases del PND 2026–2030, "Colombia, la patria milagro", que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó el 13 de noviembre de 2026, cuando las presentó al Congreso y al Consejo Nacional de Planeación (CNP). Una versión anterior, del 9 de noviembre, había circulado antes; la comparamos con la oficial y sus diferencias no cambian lo que analizamos aquí.

Para la salud, el momento no podría ser más exigente. El sistema llega a este Plan con EPS insolventes, una entrega de medicamentos que se deterioró y una red de hospitales golpeada por el sismo del 10 de agosto. El PND es el lugar donde el Gobierno tiene que decir qué va a cambiar en cuatro años y cómo lo va a pagar.

Las propias Bases se ponen una vara alta: "Cada gran propósito tendrá que convertirse en una meta. Cada meta, en una estrategia. Cada estrategia tendrá responsables. Cada proyecto deberá saber cuánto cuesta, quién lo ejecuta y cómo se financia" (p. 11). A eso lo llama "Extrema Coherencia". En este informe aplicamos esa misma prueba a la salud.

Revisamos diez temas. En cada uno describimos lo que propone el Plan y lo que deja por fuera; los datos y la evidencia que ayudan a juzgarlo van en recuadros aparte. Al final compartimos algunas propuestas para el concepto del CNP. Hay tiempo para corregir: el CNP debe rendir su concepto antes del 10 de enero de 2027, y el proyecto de ley llega al Congreso antes del 7 de febrero.

1. Un capítulo de salud sin metas ni costos

El capítulo de salud tiene un objetivo general, pero ninguna meta numérica para 2030 ni un costo para sus iniciativas, mientras otros capítulos del mismo Plan sí fijan sus metas.

Un diagnóstico con cifras

La sección 4.1, "Salud y seguridad alimentaria", describe con datos recientes varias situaciones graves del sistema. En 2025 solo el 53.1 % de las personas con medicamentos formulados recibió todos por cuenta de su EPS, frente al 65.0 % un año antes, y las tutelas en salud aumentaron 18.0 % (pp. 235 y 236). La razón preliminar de mortalidad materna temprana fue de 42.9 por cada 100 000 nacidos vivos en el país, de 112.1 en la población afrodescendiente y de 184.8 en las comunidades indígenas (pp. 236 y 260). Murieron por desnutrición 196 niños menores de cinco años, cuarenta de ellos en Chocó (p. 237), y en las zonas rurales la mortalidad infantil es 44.2 % más alta que en las cabeceras municipales (p. 236).

Las Bases también reportan mejoras: la mortalidad materna bajó de 45.7 a 42.9 en un año, la mortalidad infantil pasó de 11.7 por cada 1000 nacidos vivos en 2022 a 10.2 en 2025 y la inseguridad alimentaria de los hogares cayó del 28.1 % al 21.1 %. Buena parte de este diagnóstico coincide con las críticas del actual Gobierno a la administración anterior; el Plan lo usa para describir el problema, pero no para comprometerse con resultados.

Lo que el capítulo no convierte en metas

El capítulo tiene un objetivo cualitativo, "reducir la mortalidad evitable y las desigualdades territoriales" (p. 237), y promete seguir "a través de indicadores verificables" las citas con especialistas, la gestión de los pacientes crónicos y el control prenatal (p. 238). Ninguno de esos indicadores tiene una cifra ni un año. Las iniciativas son listas de componentes con verbos como fortalecer, promover y revisar.

No esperamos que las Bases traigan todos los indicadores; esos suelen llegar en un anexo. Pero el capítulo económico sí fija sus metas principales en el texto, y el de salud no lo hace (tabla 1).

Tabla 1

Metas de las Bases para la economía y para la salud, y metas que el país ya tiene

Indicador Cifra de referencia en el Plan Meta del Plan para 2030 Meta que el país ya tiene
Crecimiento anual del PIB 6 %
Inversión, porcentaje del PIB 25 %
Pobreza monetaria 28.0 % (2025) 20 %
Deuda pública, porcentaje del PIB 64 %
Producción de petróleo Hacia un millón de barriles diarios
Mortalidad materna temprana, por 100 000 nacidos vivos 42.9 (2025, preliminar) – 32 (ODS a 2030 y Plan Decenal a 2031)
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 196 muertes (2025) – 5 por 100 000 menores de cinco años (ODS a 2030 y Plan Decenal a 2031)
Mortalidad infantil, por 1000 nacidos vivos 10.2 (2025) –
Nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años – Menos de 40 (Plan Decenal a 2031)
Cobertura de vacunación con los biológicos trazadores – 95 % (Plan Decenal a 2031)
Personas que reciben todos sus medicamentos formulados 53.1 % (2025) –
Hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave 21.1 % (2025) –

Fuente: Bases del PND 2026–2030 (pp. 90, 232, 235, 236, 237, 318, 319, 331 y 334); CONPES 3918 de 2018; Resolución 1035 de 2022 (Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031). Las cifras de las Bases provienen de la vigilancia y las metas se miden con otras series; en desnutrición las Bases dan un número de muertes y las metas, una tasa. La meta de mortalidad infantil del Plan Decenal (15.3 por 1000 nacidos vivos a 2031) usa una serie estimada distinta y no es comparable con la cifra de las Bases.

Colombia ya tiene metas que el Plan podría adoptar. La estrategia nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el CONPES 3918 de 2018, fijó para 2030 una mortalidad materna de 32 por cada 100 000 nacidos vivos y una mortalidad por desnutrición de 5 por cada 100 000 menores de cinco años. El Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 (Resolución 1035 de 2022), con el que las Bases dicen que se articulará el capítulo (p. 238), fija esas mismas dos metas para 2031 y otras más: una mortalidad materna de 70 por cada 100 000 nacidos vivos en las zonas rurales dispersas, coberturas de vacunación de 95 % con los biológicos trazadores, menos de 40 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años y ninguno en las niñas de 10 a 14, y una tasa de suicidio por debajo de 5 por cada 100 000 habitantes. El Plan Nacional de Salud Rural, adoptado por el Decreto 351 de 2025, remite sus indicadores a un anexo técnico. Las Bases no adoptan ninguna de esas metas.

Iniciativas sin costo

Lo mismo pasa con los recursos. La inversión hospitalaria, el sistema de salud digital, la producción local de medicamentos, el sistema de cuidado para las personas mayores y el "Plan de Choque" no tienen costo. Varias iniciativas son expresamente condicionales: los incentivos a la producción local están "sujetos a viabilidad técnica, presupuestal y normativa" (p. 242) y los apoyos a las personas con discapacidad dependen de las "fuentes de financiación disponibles" (p. 266).

2. Financiamiento: reglas sin ingresos nuevos

El Plan dice de qué tamaño es el problema financiero y propone reglas para ordenarlo, pero no dice cuánto dinero tendrá el sistema ni de dónde saldrá.

De qué tamaño es el problema

A junio de 2026 las EPS reportaron pasivos por 40.3 billones de pesos y un patrimonio negativo de 18.7 billones, sin contar a Nueva EPS, y las siete EPS intervenidas concentraban el 42.3 % de la población asegurada (p. 236). Para dar una idea de la escala, el proyecto de presupuesto de 2026 destina 46.5 billones al aseguramiento en salud (p. 422).

Lo que propone: reglas, deudas y eficiencia

El Plan propone revisar la metodología de cálculo de la UPC y los presupuestos máximos, ampliar la negociación y la compra centralizada de medicamentos, pagar a los prestadores por resultados, vigilar cómo gastan las EPS la UPC, redefinir los criterios de solvencia, darle a la Superintendencia Nacional de Salud facultades en materia de insolvencia y crear "un mecanismo excepcional para evaluar y reconocer obligaciones de la Nación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud" (pp. 240 y 241). Reconocer esas obligaciones es necesario, pero sin un monto, una fuente ni un plazo es una promesa abierta.

Lo que está en juego: la protección financiera de los hogares

En 2023 Colombia gastó en salud el 8.2 % de su PIB, más que la mediana de América Latina y el Caribe y menos que la de la OCDE, y cerca del 70 % de ese gasto fue público (tabla 2). El resultado es una protección financiera excepcional en la región: en 2023 Colombia tenía la menor proporción de gasto de bolsillo entre los 33 países de América Latina y el Caribe (gráfico 1). El régimen subsidiado tuvo mucho que ver: protegió a los hogares pobres frente al riesgo financiero y aumentó el uso de servicios preventivos.1

Tabla 2

Gasto en salud, Colombia y medianas regionales, 2023

Indicador Colombia América Latina y el Caribe OCDE
Gasto corriente en salud, porcentaje del PIB 8.2 6.8 9.3
Gasto público en salud, porcentaje del PIB 5.7 3.4 6.4
Gasto de bolsillo, porcentaje del gasto corriente en salud 14.6 29.3 15.8
Gasto corriente en salud por persona, dólares internacionales 1709 1228 5157

Fuente: OMS, Base de Datos Mundial sobre el Gasto en Salud (GHED), actualización de abril de 2026. Medianas de 33 y 38 países.

Gráfico 1

Colombia tiene la menor proporción de gasto de bolsillo de América Latina y el Caribe

Gasto de bolsillo de los hogares, porcentaje del gasto corriente en salud, 33 países, 2023

GuatemalaHondurasHaitíBarbadosGranadaTrinidad y TobagoSan Cristóbal y NievesMéxicoPanamáNicaraguaSanta LucíaParaguayChileEl SalvadorEcuadorVenezuelaDominicaBahamasBoliviaPerúBeliceSan Vicente y las GranadinasGuyanaBrasilRepública DominicanaArgentinaCosta RicaAntigua y BarbudaJamaicaSurinamUruguayCubaColombia57.2 %53.1 %52.4 %49.5 %48.5 %45.3 %41.8 %41.2 %40.5 %37.6 %37.1 %36.3 %34.6 %32.5 %30.9 %29.7 %29.3 %27.5 %27.3 %27 %26.8 %26.6 %26.3 %26.2 %25.1 %24.5 %24.1 %20.8 %20.2 %19.7 %17.1 %16.6 %14.6 %

El gasto de bolsillo es lo que los hogares pagan directamente al usar los servicios o comprar medicamentos.

Fuente: OMS, Base de Datos Mundial sobre el Gasto en Salud (GHED), actualización de abril de 2026. Gráfico: Decilion.

Esa protección es la que está en riesgo. Cuando la EPS no entrega los medicamentos, las personas los pagan de su bolsillo, se quedan sin ellos o acuden a un juez. Y el aseguramiento opera con un faltante: en 2021 cerca de la mitad de las EPS, con 11.6 millones de afiliados, gastaba en atención más de lo que recibía por UPC.2

Lo que el Plan no dice: cuánto dinero tendrá el sistema y de dónde saldrá

  • El monto y la fuente. El Plan no dice cuánto debe la Nación, de qué tamaño es el faltante de la UPC ni cuánto cuesta el Plan de Choque. A nuestro juicio, como lo dijimos al analizar la Ley de Rescate Económico, el sistema está subfinanciado frente a lo que promete incluso si todas las EPS fueran eficientes, así que las medidas de eficiencia no bastan para cerrar el faltante.
  • Los ingresos que el Gobierno ya proyecta. No esperamos que las Bases citen un proyecto de ley que todavía está en el Congreso. Pero el Gobierno radicó su propia reforma fiscal, el proyecto de Ley de Rescate Económico (PL 477 de 2026), que sube los impuestos al tabaco, los vapeadores y el alcohol y cambia las cotizaciones a salud. Según sus propias cuentas, los componentes dirigidos a la salud suman cerca del 1.3 % del PIB en 2027, y la mayor parte se usa para reemplazar transferencias del presupuesto nacional al aseguramiento. Las cuentas del Plan deberían reflejar esa decisión. Hoy, quien lea el Plan no puede saber si el sistema de salud tendrá más recursos en 2030 que en 2026.
  • La senda fiscal. El aseguramiento en salud figura entre los gastos "inflexibles" (p. 422), y el ajuste fiscal se dirigirá al gasto operativo del Gobierno "protegiendo a la población más vulnerable" (p. 440). El Plan no dice qué gasto en salud quedará protegido ni por cuánto. La deuda tiene una meta de 64 % del PIB; el financiamiento de la salud no tiene ninguna, y a nuestro juicio un compromiso sin cifra queda más expuesto cuando se negocia el presupuesto.
  • Las EPS intervenidas. Las Bases proponen "regímenes especiales para EPS e IPS intervenidas o en riesgo de insolvencia" (p. 241), sin decir qué pasará con las siete EPS intervenidas ni cuál será el papel de Nueva EPS. Es la pregunta operativa más urgente del sistema.
  • Un recobro sin explicar. El Plan quiere "establecer mecanismos de recobro para tecnologías de bajo valor terapéutico o servicios complementarios" (p. 240). Un recobro es el cobro que una EPS le hace al Estado por algo que la UPC no financia, y no es claro por qué el Estado reembolsaría tecnologías de bajo valor ni quién pagaría. Puede ser un error de redacción; en cualquier caso, el término necesita una definición.
  • Las cotizaciones. La estrategia laboral evaluará "alternativas para simplificar los esquemas de tributación y cotización a la seguridad social" (p. 375). Simplificar no tiene por qué reducir el recaudo, pero el Plan no estima el efecto.

3. Servicios, hospitales y talento humano

La prestación se organiza alrededor de la atención primaria y de una política de talento humano ya adoptada, pero el Plan no dice cuántos equipos, profesionales u hospitales habrá en 2030.

Atención primaria, talento humano y salud intercultural

"Salud en las regiones" organiza la prestación alrededor de la atención primaria, la telesalud, las redes de referencia y las alianzas entre prestadores públicos y privados, con prioridad para los territorios con más barreras de acceso (pp. 237 y 238). El Plan adopta la política de talento humano en salud 2025–2035, con incentivos de permanencia en los territorios y nuevas normas sobre el servicio social obligatorio, y reconoce que Colombia tiene 1.6 profesionales de enfermería por cada 1000 habitantes frente a 9.2 en la OCDE (p. 236).

Para los pueblos étnicos hay una iniciativa propia, con modelos de salud propia e intercultural (p. 304). Y una nueva ruta permite que las secretarías de salud concilien controversias, con la precisión de que la conciliación "será voluntaria, sin constituir requisito de procedibilidad ni limitar la acción de tutela" (p. 239).

Sin cantidades, y con los hospitales en los mapas

No hay un número de equipos de atención primaria, sedes, profesionales o citas, y la brecha de enfermería no tiene una meta de formación ni de vinculación. Es razonable que las Bases no traigan el detalle de cada programa, que puede quedar en los planes del sector; pero entonces deberían decir qué metas de esos planes adoptan y qué instrumento fijará el resto.

Cerca de 30 proyectos hospitalarios y de salud aparecen en las Bases solo en las leyendas de los mapas de las 13 "Regiones Milagro" (pp. 110 a 122), entre ellos un hospital de alta complejidad en Riohacha, un hospital intercultural en la Amazonía y una torre maternoinfantil en Huila; el texto los remite a un anexo técnico (p. 109). En el mapa de Boyacá se repite la leyenda de la Amazonía, así que los tres proyectos hospitalarios que esa región tenía en la versión del 9 de noviembre no aparecen (p. 112). El Plan advierte que la inclusión de un proyecto "no implica viabilidad, compromiso presupuestal ni asignación de recursos" (p. 106). Las leyendas de Chocó y de Cauca y Nariño no incluyen ningún proyecto de salud, aunque el mismo Plan registra el "rezago en salud" de Chocó (p. 116).

Las secretarías de salud

La conciliación, la vigilancia del agua y las redes de cuidado dependen de las secretarías departamentales y municipales. A nuestro juicio, su capacidad de ejecución es débil y desigual, y el Plan no concreta un programa para fortalecerlas.

Poblaciones que no aparecen

El sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía recibe un párrafo franco que reconoce "recursos insuficientes" (p. 186). El de los maestros, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), aparece solo en el capítulo de educación: el Plan reporta datos de salud mental de sus afiliados (p. 149) y promete fortalecer "los mecanismos de gestión y seguimiento de los asuntos de salud y prestaciones sociales del magisterio" (p. 155), sin un diagnóstico de cómo funciona hoy su atención. La salud de las personas privadas de la libertad no aparece, aunque el Plan reporta un hacinamiento del 28 % en las cárceles (p. 193), y tampoco la atención de los 2.8 millones de migrantes venezolanos que el Plan cuenta (p. 272).

4. Prevención y salud pública

El Plan no tiene una estrategia frente a los determinantes comerciales de la salud: no propone ninguna medida sobre el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas o los ultraprocesados, y su principal programa de prevención es de actividad física.

Lo que propone

"Colombia se mueve" adopta un estándar nacional de actividad física y usará como línea de base la Encuesta Nacional de Actividad Física y Comportamientos Sedentarios (ENAFIS) 2025 del Ministerio del Deporte (p. 238). Según el Plan, el 57.1 % de los adultos cumple las recomendaciones en transporte y tiempo libre, frente al 51.3 % de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) de 2015 (p. 272). El Ministerio del Deporte informó que la encuesta visitó 16 274 hogares, pero sus resultados no están publicados. Una política nacional de autocuidado suma alfabetización en salud, apoyo entre pares y prescripción social.

El Plan anuncia además una reforma del Código de Tránsito y una agenda de seguridad vial, después de 8697 muertes en siniestros viales en 2025 (pp. 86, 87, 286, 290 y 291); una política de drogas que incluye la reducción de riesgos y daños (p. 204); más vigilancia de la calidad del agua con la red nacional de laboratorios de salud pública, en un país donde 461 municipios no tienen esos datos en sus zonas rurales (pp. 286 y 292), y una política de cocción limpia que sustituirá la leña en los hogares más vulnerables (p. 294).

Son compromisos que no incomodan a ninguna industria. La actividad física importa, pero un plan de prevención que se apoya sobre todo en ella y en el autocuidado deja la responsabilidad en las personas y no en los entornos que las enferman.

Lo que falta: tabaco, alcohol y alimentación

El Plan reconoce las enfermedades cardiovasculares como la primera causa de muerte (p. 236) y promete acciones sobre los "nutrientes de interés en salud pública" (p. 244), pero no propone ninguna medida sobre el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas o los ultraprocesados, ni dice nada sobre el cumplimiento del etiquetado frontal y de la ley de entornos alimentarios saludables (Ley 2120 de 2021). El cáncer, la diabetes y la hipertensión no se mencionan.

La omisión es incoherente con la política fiscal del mismo Gobierno. Su proyecto de Ley de Rescate Económico sube los impuestos al tabaco y al alcohol y extiende el impuesto a las bebidas a las que tienen edulcorantes, con el argumento de sus daños a la salud. El PND, en cambio, no reconoce esas medidas como política de salud pública: las trata, cuando mucho, como fuente de ingresos. Regular estos productos es una función propia del Estado y un compromiso internacional del país, que es parte del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (Ley 1109 de 2006). Si las Bases no dicen que el Gobierno se propone hacerlo, es poco probable que el articulado lo incluya.

La prueba que el propio Plan propone: regulación con evidencia de impacto

El Plan promete un Estado que "regula lo necesario" y "elimina las cargas innecesarias" para la iniciativa privada (p. 413), y a nuestro juicio la omisión no es casual: los gobiernos con esa orientación suelen ser reacios a regular estas industrias. Pero el mismo Plan exige que toda regulación justifique "su propósito con base en evidencia y medición de impacto" (p. 416), y pocas políticas de salud pública tienen tanta evidencia de impacto como estas. Están entre las intervenciones costoefectivas que recomienda la OMS, y la región ofrece resultados medidos.

En Chile, las compras de bebidas con sellos de advertencia fueron cerca de una cuarta parte menores que las esperadas según la tendencia previa, después de aplicar juntos el etiquetado, las restricciones de publicidad y la prohibición de venta en las escuelas.10 En Colombia, el azúcar de las bebidas analizadas bajó casi a la mitad entre 2015 y 2024, en los años de los sellos y los impuestos saludables,11 y después del aumento del impuesto al tabaco de 2016 bajó la proporción de fumadores intensos.12 En la reducción de sal, la reformulación obligatoria de los alimentos logró reducciones mayores que las campañas en medios.13 Con la vara del propio Plan, estas medidas pasan la prueba.

Vacunación

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se nombra una vez, sin meta de cobertura (p. 238). La cobertura de la segunda dosis contra el sarampión fue de 86 % en 2025 y no ha llegado al 95 % en ningún año desde 2010 (gráfico 4). La OMS recomienda mantener al menos 95 % con las dos dosis en cada distrito para prevenir brotes. La cobertura contra el virus del papiloma humano fue de 57 % en el grupo de niñas de 9 a 14 años al que se dirige la vacunación.

Gráfico 4

Entre 2010 y 2025, la cobertura de la segunda dosis contra el sarampión no alcanzó el 95 %

Cobertura de vacunación en Colombia, porcentaje, estimaciones de la OMS y Unicef, 2010–2025

75808590952010201220142016201820202022202492 % DPT, terceradosis91 % Sarampión,primera dosis86 % Sarampión,segunda dosis

La OMS recomienda mantener al menos 95 % de cobertura con las dos dosis en cada distrito para prevenir brotes de sarampión. Las Bases del Plan nombran el Programa Ampliado de Inmunizaciones una vez y no fijan metas de cobertura.

Fuente: OMS y Unicef, estimaciones de cobertura nacional de inmunización (WUENIC), vía Observatorio Mundial de la Salud. Gráfico: Decilion.

El Plan tampoco menciona el virus sincitial respiratorio (VSR), una de las principales causas de hospitalización de los bebés. El Ministerio de Salud vacuna a las gestantes en todo el país desde noviembre de 2025, y Bogotá aplica desde el 24 de febrero de 2026 nirsevimab, un anticuerpo para los recién nacidos de alto riesgo, en 29 instituciones que atienden partos. Un análisis preliminar de investigadores de la Secretaría Distrital de Salud, todavía sin revisión de pares, estima que la estrategia redujo 47.1 % las hospitalizaciones por infección respiratoria baja en los menores de un año. Un compromiso nacional con las dos medidas debería estar en el Plan.

Una meta territorial de vacunación es de las más fáciles de fijar y de medir, y hay estrategias probadas para cumplirla: los recordatorios, los incentivos y el trabajo comunitario aumentan la cobertura contra el sarampión.14

Lo que tampoco aparece: salud mental, enfermedades transmisibles y clima

Salud mental. El Plan cita la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2025, que el Ministerio de Salud hizo con la Universidad de Antioquia con más de 110 000 personas de siete años o más en los 32 departamentos y Bogotá. Según la encuesta, el 10.4 % de los adolescentes de 12 a 17 años tiene probables trastornos emocionales (p. 149): el 12.8 % de las mujeres y el 8.1 % de los hombres. Luego reparte la salud mental entre la escuela, la niñez, las víctimas y las personas mayores, sin una estrategia, una meta de servicios ni un presupuesto que reúna esos compromisos. Hay intervenciones evaluadas que podrían orientarla: los programas psicológicos de prevención en las escuelas reducen un poco los síntomas de depresión y ansiedad,15 y restringir el acceso a los medios letales es una de las estrategias con mejor respaldo para prevenir el suicidio.16

Enfermedades transmisibles. No hay nada sobre VIH, tuberculosis, malaria, dengue o resistencia antimicrobiana, ni una estrategia de preparación ante epidemias. Esas enfermedades siguen presentes: la OMS estima que la incidencia de tuberculosis subió de 33 a 49 casos por 100 000 habitantes entre 2015 y 2024, y el IHME estima para 2023 unas 2600 muertes por VIH y más de 400 000 casos de dengue.

Clima y ambiente. No hay un plan de adaptación en salud frente al calor o al dengue, aunque en América Latina la mortalidad asociada al calor aumentó 140 % entre 2000–2009 y 2013–2022.17 El Plan impulsa los yacimientos no convencionales y la expansión minera sin mencionar sus efectos en la salud (pp. 91 y 92), y reducirá los cultivos ilícitos con "distintas modalidades de erradicación" (p. 203) sin decir cuáles; en Colombia, la aspersión aérea con glifosato aumentó las consultas dermatológicas y respiratorias y los abortos espontáneos.18 Como las Bases sustentan el articulado, lo que no se menciona aquí difícilmente tendrá después un artículo.

5. Nutrición, seguridad alimentaria y apoyo al ingreso

El Plan reconoce la triple carga de la malnutrición y propone acciones contra la desnutrición infantil, pero sin metas y sin las regulaciones que mejoran lo que comen los niños.

Lo que propone

El diagnóstico reconoce la triple carga de la malnutrición y su desigualdad. En 2025 el 21.1 % de los hogares tenía inseguridad alimentaria moderada o grave, y el 45.6 % de los hogares con jefatura indígena (p. 236). Para la desnutrición infantil, el Plan enumera componentes: seguimiento desde la gestación, lactancia materna, atención comunitaria y clínica de la desnutrición aguda, agua y saneamiento, y prioridad para los territorios donde mueren los niños (p. 243). Falta saber cómo y con qué recursos se harán.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) cubrirá las vacaciones, que es cuando muchos niños pierden su comida principal. Las transferencias monetarias se unifican en un "Programa Colombia", con corresponsabilidades de salud y de permanencia escolar, y con una protección expresa: para las personas mayores y con discapacidad, esas corresponsabilidades "facilitarán el acceso a servicios sin condicionar la garantía del ingreso" (pp. 256 y 257).

Lo que falta: metas y regulación de los entornos alimentarios

  • Una meta para las muertes por desnutrición, que el país ya tiene en los ODS.
  • Entornos escolares saludables. La Ley 2120 de 2021 ordena promover entornos alimentarios saludables en las instituciones educativas (art. 9), pero no restringe la venta de productos con sellos en los colegios, como lo hizo Chile. El Plan no dice cómo hará cumplir lo que ya existe ni cómo se articulará con el PAE.
  • El impuesto a las bebidas. El proyecto de Ley de Rescate Económico extiende el impuesto a las bebidas ultraprocesadas a las que tienen edulcorantes, desde 2028. El PND no lo incluye como una estrategia de nutrición.
  • La publicidad dirigida a los niños. Chile restringió la publicidad para niños de los alimentos y bebidas con sellos, y luego la prohibió en televisión durante el día. La Ley 2120 solo exige incluir en esa publicidad información "veraz e imparcial" dirigida a los niños (art. 7) y no la restringe. El Plan no dice nada al respecto.
  • Las corresponsabilidades de los demás hogares del Programa Colombia. Donde el puesto de salud queda lejos o no hay citas, una condición de salud puede dejar por fuera a las familias que más necesitan el ingreso.

6. Mujeres, familias y salud reproductiva

El Plan adopta una postura conservadora que desconoce los derechos sexuales y reproductivos: quiere frenar el descenso de la natalidad, usa el lenguaje de la "ideología de género" y la "cultura de la muerte" y no menciona la anticoncepción ni la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo que propone

El Ministerio de Salud fortalecerá la salud de las mujeres con seis componentes; el primero es "salud y autonomía para decidir, a través de una estrategia integral de salud sexual y reproductiva", y otro es la atención de las violencias basadas en género desde los servicios de salud (p. 269). Un programa de familia acompañará la gestación, promoverá la lactancia materna y buscará "prevenir el embarazo en menores de edad, los matrimonios infantiles y las uniones tempranas" (p. 262). Un programa escolar de formación afectiva y sexual promete contenidos acordes con la edad y "relaciones afectivas sanas, responsables y libres de violencia" (p. 153).

El Plan documenta bien una brecha: la mortalidad materna de las mujeres indígenas es más de cuatro veces la nacional, y la de las afrodescendientes más de dos veces (gráfico 5). La desigualdad tiene también una dimensión financiera: un estudio anterior encontró que la mortalidad materna se concentraba en los territorios con menor gasto en salud por persona.26

Gráfico 5

La mortalidad materna de las comunidades indígenas es más de cuatro veces la del país

Razón de mortalidad materna temprana, muertes por cada 100 000 nacidos vivos, 2025 (cifras preliminares de vigilancia)

Comunidades indígenasPoblación afrodescendienteRuralidad dispersaTotal nacional184.8112.157.942.9

Cifras del Instituto Nacional de Salud citadas en las Bases del Plan (pp. 224 y 245). Referencia: la meta nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 es de 32 por 100 000 (CONPES 3918 de 2018), medida con una serie distinta (estadísticas vitales).

Fuente: DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, borrador del 9 de noviembre de 2026. Gráfico: Decilion.

Una postura que desconoce los derechos sexuales y reproductivos

  • Los principios del Plan. Desde el preámbulo, el Plan fija cuatro "principios rectores": el primero es "la defensa y promoción de la vida" y el segundo, "la salvaguarda de la familia como célula fundamental de la sociedad" (p. 10). El programa de familia y la orden de revisar los materiales escolares desarrollan esos principios.
  • La natalidad. El programa de familia, llamado "el Milagro de Crecer en Familia y protección a la vida humana desde la gestación", se propone "reducir el descenso de la natalidad" (p. 262). Junto con el silencio sobre la anticoncepción y el aborto, ese objetivo apunta contra las decisiones reproductivas de las mujeres. No compartimos esa postura: la cantidad de hijos es una decisión de cada persona, y una política de familia debe descansar en decisiones voluntarias y en el apoyo a quienes crían. El mismo programa anuncia una ruta normativa para "la eliminación de la maternidad subrogada" (p. 262), una decisión distinta que merece su propio debate.
  • "Ideología de género" y "cultura de la muerte". El Plan afirma que el Estado "elimina la ideología de género" (p. 263) y ordena al Ministerio de Educación revisar y corregir "las normas, lineamientos, circulares, convenios, materiales pedagógicos y programas de formación que promuevan la ideología política, de género y la cultura de la muerte" (p. 153). Estas no son categorías de la salud pública: son expresiones del debate político con las que suelen objetarse la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto. El problema no se resuelve definiéndolas mejor; está en la postura que expresan. Con esa orden, la revisión podría alcanzar los materiales sobre anticoncepción, violencia sexual o prevención del embarazo.
  • Las violencias contra las mujeres. El Ministerio del Interior asumirá el sistema de registro y seguimiento de las violencias basadas en género (SALVIA), que pasará a llamarse de "Violencias contra las Mujeres" (p. 269). El cambio de nombre sigue la misma línea que la eliminación de la "ideología de género", aunque el componente de salud de las mujeres sigue hablando de "violencias basadas en género" (p. 269).
  • El alcance de la objeción. El programa escolar "respetará la objeción de conciencia" (p. 153), sin decir quién puede objetar ni frente a qué contenidos, ni cómo recibirá un niño cuya familia objete la información que lo protege del abuso y del embarazo temprano.
  • Lo que no se dice. Las Bases no mencionan la anticoncepción ni la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Los derechos vigentes no dependen de que el Plan los nombre: la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 en 2022 (Sentencia C-055), y después de esa semana siguen vigentes las tres causales reconocidas en 2006 (Sentencia C-355). Eso vale también para las niñas y las adolescentes embarazadas, y en las menores de 14 años la regulación del Ministerio de Salud presume que el acceso carnal es, en todos los casos, violencia sexual (Resolución 051 de 2023, art. 7), lo que les permite acceder a la IVE por esa causal en cualquier momento del embarazo. El Plan quiere prevenir el embarazo en menores de edad, pero no dice nada sobre la atención de las que ya están embarazadas. Una estrategia de salud sexual y reproductiva que promete "autonomía para decidir" y calla sobre la anticoncepción y la IVE deja por fuera los servicios que hacen posible esa autonomía.

7. Cuidado, envejecimiento y discapacidad

El Plan propone un sistema que articula la salud y el cuidado para una población que envejece rápido, pero no dice quién lo dirigirá ni cómo se pagará.

Lo que propone

El Plan registra 8.1 millones de personas de 60 años y más en 2026, una cuarta parte de ellas con necesidad de cuidados, y cerca de 927 000 más en 2030 (p. 259). Propone un modelo nacional de atención integral y comunitaria para las personas mayores, con cuidados paliativos, rehabilitación y salud mental, y un sistema nacional que articula la salud, la protección social y el cuidado (el Plan lo llama Sistema Nacional Sociosanitario). Suma rehabilitación basada en comunidad y servicios de relevo para las personas cuidadoras (pp. 264 a 266), y mantiene la Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143) y el fondo para la discapacidad de la Ley 2456 de 2025.

Quién lo dirige y quién lo paga

El nuevo sistema tiene "financiamiento y sostenibilidad" como uno de sus ocho componentes, y nada más. El propio diagnóstico admite "la incertidumbre sobre la rectoría de las políticas de cuidado, discapacidad y personas mayores" (p. 260), y el Plan propone definir un marco institucional rector (p. 265) sin decir quién lo encabezará. El gobierno anterior le había encargado la dirección del Sistema Nacional de Cuidado al Ministerio de Igualdad y Equidad (Ley 2281 de 2023, art. 4). La Corte Constitucional declaró inexequible esa ley (Sentencia C-161 de 2024), y el ministerio entró en liquidación en junio de 2026 (Decreto 626 de 2026); el decreto reparte sus funciones entre el Ministerio del Interior y Prosperidad Social sin nombrar el cuidado, la discapacidad ni las personas mayores. Un sistema de cuidados de largo plazo requiere recursos importantes que el Plan no muestra.

8. Medicamentos y vacunas

El Plan amplía instrumentos que ya existen, como la negociación y la compra centralizada, y apuesta por la producción local, pero no dice qué cambiará frente a lo que ya se hizo ni regula los precios.

Lo que propone

En su estrategia financiera, el Plan propone "fortalecer los mecanismos de compra y negociación centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas y de tecnologías con riesgo en su suministro, pago o consecución, y en general para tecnologías de alto costo" (p. 240). Una iniciativa aparte, sobre la disponibilidad de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, priorizará las tecnologías estratégicas según las necesidades de salud pública y los riesgos de desabastecimiento, promoverá alianzas para la investigación y la transferencia tecnológica, impulsará la producción local con incentivos "sujetos a viabilidad técnica, presupuestal y normativa", fortalecerá la regulación, la evaluación de tecnologías y la vigilancia sanitaria, y evaluará mecanismos de compra que favorezcan "mejores condiciones de acceso y precio, cuando sean jurídicamente procedentes" (pp. 241 y 242). Esta iniciativa se articula con la Política de Soberanía en la Producción para la Seguridad Sanitaria (Resolución 1411 de 2022) y con las políticas de ciencia, tecnología e innovación y de reindustrialización (p. 242).

Lo que no dice: qué cambia y para quién

  • Qué cambia frente a lo que ya existe. La negociación centralizada no es nueva. El PND 2014–2018 ordenó al Ministerio de Salud establecer negociaciones centralizadas de precios, con precios obligatorios y la opción de comprar directamente (Ley 1753 de 2015, art. 71); el de 2018–2022 dejó vigente ese mecanismo junto con los presupuestos máximos (Ley 1955 de 2019, art. 240), y el de 2022–2026 autorizó la compra centralizada de vacunas y otros productos de interés en salud pública (Ley 2294 de 2023, art. 161). Con esas reglas el país compró de forma centralizada los medicamentos para la hepatitis C a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (Resolución 1692 de 2017). Las Bases no dicen si "fortalecer" estos mecanismos significa ampliarlos, reemplazarlos o aplicarlos mejor, ni qué pasará con la regulación vigente.
  • Un alcance estrecho. La negociación y la compra centralizada se limitan a las enfermedades huérfanas, las tecnologías con riesgo en su suministro y las de alto costo. Un uso más ambicioso extendería la negociación conjunta a los medicamentos de uso frecuente y a las compras de los hospitales públicos y de las entidades territoriales.
  • Los precios. La regulación de los precios de los medicamentos no se menciona, aunque hay evidencia colombiana de que reduce lo que pagan los consumidores.
  • La producción local. No tiene metas: el Plan no dice qué medicamentos o vacunas considera estratégicos, cuánto invertirá ni en qué plazo. Reducir la dependencia externa, que el mismo diagnóstico señala como un riesgo frente a "interrupciones del abastecimiento y emergencias sanitarias" (p. 236), exige compromisos más concretos.

9. Salud digital y datos

Un sistema de salud digital con una autoridad propia e historia clínica interoperable puede ser la columna vertebral de la información del sistema, pero el Plan no dice qué clase de autoridad será ni cómo protegerá los datos clínicos que piensa cruzar con los datos sociales.

Lo que propone

El Sistema Nacional de Salud Digital tendrá "una autoridad sectorial de salud digital" y siete componentes, entre ellos la interoperabilidad, un dato único con analítica sectorial, la seguridad digital, la telesalud y la inteligencia artificial responsable, e incluye la historia clínica electrónica (p. 241). Las reglas generales del Plan para los datos y la inteligencia artificial incluyen supervisión humana, prevención de sesgos y "las garantías del hábeas data" (p. 430). Es una de las apuestas más importantes del capítulo: sin información interoperable no hay continuidad de la atención, auditoría ni control del gasto.

La autoridad, los datos sociales y las metas

  • Qué clase de autoridad. El Plan no dice si la autoridad de salud digital será una entidad propia o una dependencia del Ministerio de Salud, donde hoy esa función recae en la Dirección Estratégica de Tecnología de la Información, creada con la nueva estructura del Ministerio (Decreto 120 de 2026). Para gobernar los estándares, la interoperabilidad y la seguridad de los datos de todo el sistema hace falta una entidad con autonomía técnica y recursos propios, no una dependencia más dentro del Ministerio.
  • El Sistema General Social. El Plan propone un sistema que relacione la información demográfica y familiar con las condiciones de alimentación, vivienda, educación, salud y protección social de cada hogar, y lo llama "la gran transformación institucional del Milagro Social" (pp. 61 y 62). Dice que el manejo de la información "deberá respetar la intimidad de las personas y el uso responsable de sus datos" (p. 61), pero no precisa si incluirá las historias clínicas, quién podrá consultarlas ni con qué protecciones. Cruzar datos de salud con datos sociales puede mejorar la focalización, y por eso mismo necesita reglas expresas.
  • Metas. El sistema digital no tiene una meta de adopción: ni cuántos prestadores tendrán historia clínica interoperable en 2030 ni en qué territorios.

10. El sismo y la red de salud

El Plan cuenta los daños del sismo en la red de salud y promete una cartera de intervenciones, pero la financia con recursos que el sector ya tenía.

Los daños y lo que promete

El Plan cuenta los daños del sismo del 10 de agosto de 2026: 506 sedes de prestadores de servicios de salud afectadas, el 13.1 % de las 3876 identificadas (p. 452). Para la red pública promete una cartera priorizada de intervenciones con alcance técnico, costos, cronogramas y fuentes, y un seguimiento que demuestre que los servicios se restablecieron (p. 459).

Cómo se financia: sin recursos nuevos

El financiamiento descansa en las facultades de emergencia del Decreto Legislativo 1415 de 2026: los saldos disponibles de las cuentas del régimen subsidiado, los excedentes y saldos no comprometidos de las rentas cedidas, las transferencias directas para obligaciones con el talento humano en salud y la reasignación de recursos del sector que no se habían girado (p. 459). El decreto protege los compromisos del régimen subsidiado, pero el propio Plan advierte que usar esos saldos no implica "la generación de recursos nuevos" (p. 474).

Quedan tres preguntas sin respuesta: cuánto saldo libre existe en los departamentos afectados, qué inversiones del resto del país perderían los recursos que se reasignen y cómo se financiará lo que no alcance a cubrirse mientras duran las facultades. Las necesidades de recuperación se estiman en 58.29 billones de pesos (p. 471); el Plan no dice qué parte corresponde a la salud.

Qué proponemos

A continuación compartimos algunas propuestas para el concepto del CNP. Las Bases sustentan el articulado del PND, y el articulado habilita al Estado y le ordena actuar; no es un presupuesto ni un plan operativo. Por eso las propuestas se refieren a lo que el texto debería reconocer y a lo que el articulado debería ordenar.

Metas y financiamiento

  1. Incluir metas numéricas de salud para 2030, empezando por las que el país ya adoptó: las de los ODS (CONPES 3918) y las del Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031, articuladas con los indicadores del Plan Nacional de Salud Rural, con metas propias para las mujeres indígenas y afrodescendientes y una meta de talento humano, empezando por el personal de enfermería. Antes de fijarlas, acordar la fuente de cada indicador.

  2. Incluir los impuestos saludables y las cotizaciones como parte de la estrategia de salud, con las metas de recaudo que el Gobierno ya proyecta en el proyecto de Ley de Rescate Económico: cerca del 1.3 % del PIB en 2027 para los componentes dirigidos a la salud, y cerca de 1.4 billones de pesos al año desde 2028 solo por el impuesto al tabaco. Mostrar, año por año, si ese recaudo se suma al gasto público en salud o lo reemplaza, y decir si el impuesto a las bebidas, incluidas las que tienen edulcorantes, irá a la salud.

Prevención y salud pública

  1. Reconocer la regulación del tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los ultraprocesados como estrategia de salud pública, para que el articulado pueda ordenar el cumplimiento del etiquetado frontal y de los entornos escolares saludables y habilitar la restricción de la publicidad dirigida a los niños.

  2. Añadir metas territoriales de vacunación, empezando por alcanzar y mantener al menos 95 % de cobertura con las dos dosis contra el sarampión, y un compromiso nacional con la inmunización contra el VSR, con la vacuna materna y el anticuerpo para los recién nacidos de alto riesgo.

  3. Ordenar una estrategia nacional de salud mental con metas de acceso, en lugar de repartir la salud mental entre programas sueltos.

  4. Mencionar la adaptación del sistema de salud al cambio climático, empezando por el calor y el dengue, para que el articulado pueda desarrollarla.

  5. Nombrar en la estrategia de salud sexual y reproductiva la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la Sentencia C-055 de 2022, retirar del texto la "ideología de género" y la "cultura de la muerte", y medir el programa de familia por sus resultados en salud materna e infantil, con una meta de reducción de la fecundidad adolescente.

Medicamentos, datos y servicios

  1. Decir qué pasa con los instrumentos de negociación y compra centralizada que ya existen y extenderlos más allá de las enfermedades huérfanas y las tecnologías de alto costo, incluir la regulación de precios de los medicamentos y definir qué medicamentos y vacunas son estratégicos para la producción local.

  2. Crear la autoridad de salud digital como una entidad con autonomía técnica, y fijar reglas expresas para el uso de los datos clínicos en el Sistema General Social.

  3. Definir el "recobro" de las tecnologías de bajo valor terapéutico: quién cobra, quién paga y qué cubre, y aclarar que no crea un cobro nuevo para los pacientes.

  4. Incluir la salud de las personas privadas de la libertad y la de los migrantes entre las poblaciones que el Plan reconoce y atiende.

Consideraciones finales

Las Bases del PND describen con cifras una crisis del sistema de salud, pero no se comprometen a resolverla en un plazo ni con recursos. Las metas numéricas que sí tienen la economía, la deuda y el petróleo no existen para la mortalidad materna, la desnutrición o la entrega de medicamentos, y el financiamiento se reduce a reglas y a la promesa de reconocer deudas sin decir cuánto ni cómo.

La prevención es el vacío más revelador. El Plan pide que toda regulación se justifique con evidencia de impacto, y deja por fuera justamente las medidas que más evidencia tienen y que el mismo Gobierno usa en su proyecto fiscal: los impuestos y las reglas sobre el tabaco, el alcohol y los alimentos y bebidas que perjudican la salud. En salud sexual y reproductiva, el Plan va más allá de la omisión: adopta una postura que desconoce derechos vigentes y que no compartimos.

Nada de esto exige una reforma nueva. Las metas ya existen en los ODS y en el Plan Decenal, los recursos ya están proyectados en el proyecto fiscal del Gobierno y la evidencia sobre qué funciona ya está disponible. Las Bases piden que cada propósito tenga una meta, un costo y un responsable; aplicada a la salud, esa regla es la mejor guía para el concepto del CNP y para el debate en el Congreso.

Cómo citar: García-Ruiz, J. (2026). La salud en el Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030: análisis de las Bases del PND. Decilion Insights. decilion.com/es/insights/pnd-2026-2030-salud.

Declaración de intereses: el autor declara no tener intereses en competencia.

Este es un informe independiente de Decilion Insights, literatura gris analítica, no revisado por pares. Se basa en las Bases del PND publicadas por el Departamento Nacional de Planeación el 13 de noviembre de 2026.

Johnattan García-Ruiz

Johnattan García-Ruiz

Director General, Decilion

Johnattan es consultor e investigador en salud global, y es el socio fundador de Decilion, una consultora de salud global que trabaja en América Latina y el Caribe. Este informe forma parte del trabajo de Decilion en política y financiación de la salud en la región.

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Otras fuentes

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  • Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030, versión presentada al Congreso y al Consejo Nacional de Planeación el 13 de noviembre de 2026.
  • Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
  • Decreto Legislativo 1415 de 2026, medidas en materia de salud en el marco del estado de emergencia.
  • Documento CONPES 3918 de 2018, estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia.
  • Resolución 1035 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031, modificada por la Resolución 2367 de 2023.
  • Decreto 351 de 2025, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Rural.
  • Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social (atención de la interrupción voluntaria del embarazo).
  • Decreto 120 de 2026, estructura del Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Ley 2281 de 2023, por la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, y Decreto 626 de 2026, que ordena su liquidación.
  • Leyes 1753 de 2015, 1955 de 2019 y 2294 de 2023 (planes nacionales de desarrollo 2014–2018, 2018–2022 y 2022–2026), y Resolución 1692 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social (compra centralizada de medicamentos para la hepatitis C).
  • Corte Constitucional, sentencias C-355 de 2006, C-055 de 2022 y C-161 de 2024.
  • Ley 1109 de 2006, por la cual se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
  • Ley 2120 de 2021 y resoluciones 810 de 2021 y 2492 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social (etiquetado frontal de advertencia).
  • Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, Ley de Rescate Económico, y su exposición de motivos.
  • Ministerio de Salud y Protección Social, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, 2026.
  • Ministerio del Deporte, Informe de gestión 2025 (trabajo de campo de la ENAFIS 2025).
  • Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia supera meta de vacunación materna contra virus sincitial respiratorio, Boletín de prensa 023 de 2026, 10 de febrero de 2026.
  • Alcaldía de Bogotá, Inmunización en Bogotá contra el virus sincitial respiratorio en recién nacidos, 25 de febrero de 2026.
  • Blu Radio, Estrategia contra el virus sincitial redujo 47,1 % las hospitalizaciones de bebés en Bogotá, 8 de julio de 2026.
  • OMS, Tackling NCDs: best buys and other recommended interventions for the prevention and control of noncommunicable diseases, segunda edición, 2024.
  • OMS, Base de Datos Mundial sobre el Gasto en Salud (GHED), actualización de abril de 2026.
  • OMS, Observatorio Mundial de la Salud (GHO): personal de salud, coberturas de vacunación (estimaciones de la OMS y Unicef), mortalidad materna (estimaciones de las agencias de Naciones Unidas), fecundidad adolescente, estado nutricional infantil y tuberculosis.
  • Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023).
  • Decilion, La salud en la Ley de Rescate Económico, análisis del Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara.

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